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La Unión Europea es una de las regiones con legislaciones más estrictas en lo que respecta a la restricción y control de cultivos transgénicos, legislación que sin embargo no ha logrado imponerse de manera uniforme en todo el continente.
Por ejemplo, según versiones dadas por Greenpeace el 2004, España se habría convertido en la "puerta trasera" que ha permitido el cultivo masivo de maíz transgénico en Europa y la entrada (importados desde EEUU, Brasil y Argentina) de cultivos de soya y maíz genéticamente modificados.
La institución que regula los transgénicos en toda la UE es la Comisión Europea. En 1998 (hace doce años), aprobó el ingreso -bajo ciertas condiciones- de 15 cultivos transgénicos resistentes a diversos tipos de plagas: diez tipos de maíz, dos tipos de soja y tres de alfalfa, destinados en un 80% a la alimentación de animales.
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El hecho que sean animales de granja los que coman los transgénicos no evita que lleguen -vía su carne o los productos que se hacen con su leche y derivados- a los humanos, por lo que los grupos ambientalistas y de derechos ciudadanos y de consumidores insisten en la necesidad de hacer cumplir la ley que obliga a identificar en el etiquetado todos los productos con presencia de 0.9% (o más) de transgénicos en su composición, algo que -a decir de españoles dedicados a la fabricación de alimentos- no se cumple de forma rigurosa.
Años después de la autorización de la CE, Alemania, Francia, Austria, Hungría, Luxemburgo y Grecia decidieron unilateralmente prohibir -debido a sus propias experiencias y a estudios independientes- el cultivo de las variedades de maíz MON810, MON863 y NK603, todos de la marca Monsanto. Según se supo basaban su prohibición en estudios independientes que señalaban que el consumo de estas variedades provocaba en los mamíferos daños en el hígado y los riñones.
El tema de los trangénicos en el viejo continente (donde se les llama "Organismos Genéticamente Modificados" u OGM) volvió a los titulares a partir del 3 de marzo de este año cuando la Comisión Europea, tras doce años de moratoria, decidió autorizar el cultivo de la papa transgénica Amflora marca BASF (cuyo almidón se usa para la elaboración de productos industriales) y además el consumo humano y animal de tres variedades de maíz Monsanto.
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Esto ha vuelto a encender el debate de los transgénicos en ese continente, donde grupos ambientalistas acusan a la Comisión Europea de haber cedido a la presión económica y política de las enormes empresas que los fabrican (Monsanto, BASF, Bayer, Syngenta, Dupont, entre otras).
Esas empresas, por su parte, insisten en que sus estudios científicos demuestran que los productos modificados genéticamente "son seguros", una afirmación que todavía se debate entre los profesionales independientes (principalmente biólogos y agrónomos) pero vinculados al sector.
Para algunos científicos todavía faltan estudios a más largo plazo mientras que para otros, como la agrónoma italiana Marina Mariani, es un escándalo que quienes provean a la CE de los estudios que hablan de la seguridad de los transgénicos sean las propias empresas que los fabrican.
Algo con lo que no está de acuerdo, por ejemplo, el comisionado europeo de sanidad y consumo John Dalli, quien afirmó que la reciente autorización se basa en estudios favorables de la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).
Pero la posible toxicidad de los transgénicos no es la única área de polémica que provocan en Europa y el resto del mundo, también lo es el modelo de negocios que los sustenta y que favorece la agricultura industrial a gran escala financiada por grandes corporaciones en desmedro de los agricultores medianos y pequeños y de la biodiversidad inherente a los cultivos naturales.
Por todas estas razones, quienes se oponen a la nueva medida de la Comisión Europea han lanzado, vía la conocida página de activismo social Avaaz ("Voz" en lenguajes ancestrales) un petitorio para ser firmado por la mayor cantidad de ciudadanos europeos posible.
Se espera llegar al millón de firmas pues con ese número podrán solicitar formalmente a la Comisión Europea que revise su decisión y vuelva a la moratoria para permitir el establecimiento de un organismo independiente que investigue sin presiones el impacto de los transgénicos e informe objetivamente a los países de la UE. Al momento en que se escribe esta nota el número de firmas se acerca al medio millón.
El debate en Europa en estos momentos resulta de especial interés para los peruanos pues estamos en un proceso parecido en el que se espera votar el anteproyecto del código de consumo, vital para obligar a que los productos con compuestos transgénicos sean identificados debidamente en las etiquetas, respetando así el derecho fundamental de todo consumidor a estar informado de lo que compra y se lleva a la boca.
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Pablo Vásquez para Sophimanía con información de AgroBío México y Avaaz.org
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