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Avanza el cabildeo de la jerarquía católica en los pasillos del Senado y la Cámara de Diputados de México para convencer a los legisladores de otorgarle al catolicismo un mayor margen de maniobra en el ámbito de lo público.
El Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, ha seguido el tema de cerca, y en entrevista con W Radio de México, explicó que la estrategia eclesiástica lleva dos vías: modificar el contenido del artículo 40 de la Carta Magna, que en febrero pasado elevó a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, y, por otro lado, los cambios al artículo 24, que buscan introducir la educación religiosa a las escuelas públicas, así como acceder a medios de comunicación propios.
Entre los propósitos de la jerarquía católica, por mandato del Vaticano, es que la Constitución establezca la obligatoriedad de profesar una religión.
"Querría decir que sería la mexicana, la primera constitución del mundo que estaría introduciendo como norma obligatoria el concepto de laicidad positiva, o sea, que hay que tener por fuerza una religión" dijo Valadés. Esta iniciativa ya fue aprobada por diputados y enviada al Senado, donde no ha pasado.
Los cambios al artículo 24 que buscan ampliar la actividad pública religiosa, gozan del aval de diputados de todos los partidos. La iniciativa está en vías de convertirse en dictamen para su aprobación. Y los abogados de la Curia, han hecho un trabajo muy fino, reconoce el jurista. Aquí una muestra:
"Lo que se quiere interpretar con la visión en el artículo 24 en cuanto a que haya educación religiosa en los planteles escolares, no contraría directamente al 3° porque lo que se dice es: está bien, la educación religiosa no debe formar parte del currículum de la educación que el Estado imparte, pero una cosa es la educación que el Estado imparte y otra cosa es la educación que se imparta en los planteles del Estado".
El avance del poder episcopal es evidente, alerta Diego Valadés, ahí están los 18 estados donde se castiga con cárcel a quien se practique un aborto, por homicidio calificado y, por otro lado, el incumplimiento del Estado para respetar los cambios del Congreso a la Ley General de Salud, de enero del 2009, que permite las llamadas declaraciones anticipadas de los pacientes terminales para negarse a recibir determinados tratamientos.
"Hay una circular de las autoridades del Seguro Social diciendo que por ningún motivo se acepten esas declaraciones y que por ningún motivo se dé cumplimiento a lo que pidan los pacientes en ese sentido".
"Que el Estado no asuma como propia ninguna doctrina religiosa porque lo que tenemos en este momento y esa es la parte más negativa, es que el Estado mexicano y me refiero al estado federal y a una pluralidad de entidades en el país, por lo menos 18, han asumido como criterios rectores a la determinación de sus políticas, criterios religiosos" señala Valadés.
Los clérigos han logrado no sólo el apoyo mayoritario del PAN a sus propuestas, también del PRI, del PRD, del PT, de Convergencia, por igual.
Información de W Radio. Resumen de Sophimanía
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